Crisis institucional en Santa Cruz: Gonzalo Chute advirtió sobre la gravedad del conflicto en el Tribunal Superior de Justicia
El abogado y secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, analizó en diálogo con Ecos del Sur la delicada situación institucional que atraviesa el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, tras los recientes acontecimientos que derivaron en la remoción de Daniel Mariani de la presidencia y la jura de nuevos vocales en medio de medidas judiciales que lo impedían.
Chute sostuvo que “la provincia enfrenta una crisis gravísima”, al considerar que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados configuraron un escenario de “conflicto de poderes sin precedentes”, con implicancias que afectan directamente el funcionamiento del Poder Judicial. “Hoy no hay seguridad de que pueda operar uno de los poderes del Estado, nada menos que el que decide sobre la vida y la libertad de las personas”, advirtió.
El abogado recordó que el proceso comenzó con una medida cautelar de diez días dictada por un juez civil, prorrogada luego por una jueza penal, que ordenaba no avanzar con las designaciones de nuevos vocales. “El Gobierno decidió ignorar esas mandas judiciales y continuar con un procedimiento ilegal, cometiendo desobediencia y violando deberes de funcionario público”, afirmó.
Consultado sobre la reciente decisión del Tribunal Superior de remover a Mariani de la presidencia y designar a René Fernández en su reemplazo, Chute consideró que “es una decisión interna del cuerpo, adoptada en el marco de sus facultades de superintendencia, pero que refleja el nivel de crisis que se vive dentro del máximo órgano judicial de la provincia”.
Para el funcionario municipal, la situación actual “pone en riesgo la institucionalidad de Santa Cruz” y solo puede resolverse con “madurez política y diálogo”. En ese sentido, fue categórico al señalar que “la pelota la tiene el gobernador”, en referencia a Claudio Vidal. “Él es quien puede ordenar la situación retrotrayendo los actos ilegales y convocando al consenso. No se trata de una derrota política, sino de una auditoría institucional que beneficiaría a todos”, expresó.
Chute también advirtió que la crisis judicial se suma a un contexto provincial complejo, con dificultades económicas, conflictos salariales y tensiones sociales: “El gobierno provincial está siendo presa de sus propias promesas incumplidas. Hay parálisis en la obra pública, incertidumbre en el sector energético, y una economía que no repunta. Si a todo eso se le suma un conflicto de poderes, la gobernabilidad se pone en serio riesgo”.
El abogado reiteró que el conflicto “ya alcanzó un punto muerto” y que la falta de diálogo entre los actores involucrados agrava la situación día a día. “No hay búsqueda de consenso, no hay canales institucionales abiertos. Y eso es lo más preocupante. Estamos ante una crisis que no se resuelve con imposiciones, sino con respeto a la ley y a las instituciones”, concluyó.
