En defensa del derecho a estudiar en el territorio, la UNPA exige presupuesto real para sostener su presencia en la región

Viernes, 26 Septiembre 2025 – El decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Mg. Claudio Fernández, analizó el difícil presente presupuestario de las universidades nacionales y planteó la necesidad urgente de contar con un presupuesto 2026 que dé plena vigencia a la Ley de Financiamiento cuyo veto del Ejecutivo fue recientemente rechazado por la Cámara de Diputados. «Si no hay
voluntad política real, la norma corre riesgo de convertirse en una declaración vacía», advirtió.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral atraviesa un escenario de enorme
complejidad. Con un presupuesto reducido notablemente, sin actualización efectiva y con restricciones estructurales que afectan desde la infraestructura hasta las políticas estudiantiles, la mirada de las autoridades está puesta en el Congreso Nacional.

La reciente votación en la Cámara de Diputados, que rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, fue recibida como un gesto alentador. Sin embargo, la incertidumbre persiste. La atención ahora está enfocada en el Senado, que tratará el tema el próximo 2 de octubre.
“Recibimos con mucho beneplácito el acompañamiento de la Cámara de Diputados en el rechazo al veto. Institucionalmente, fue una decisión que celebramos, porque es lo que habíamos pedido como sistema universitario. Ahora estamos expectantes, esperando que el Senado haga lo propio”, expresó el decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Mg. Claudio Fernández..
La preocupación, sin embargo, no termina con la eventual sanción definitiva de la norma.
Según explicó Fernández, si la Ley de Financiamiento Universitario no se articula con el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, su aplicación corre el riesgo de convertirse en una formalidad sin efecto real.
“Ese es mi temor: que se promulgue la ley pero se postergue su implementación por falta de asignación presupuestaria concreta, como ocurrió recientemente con la ley de emergencia en discapacidad. Para que la norma tenga verdadera fuerza, debe integrarse al presupuesto nacional y reflejarse en partidas específicas que garanticen el funcionamiento pleno del sistema universitario”, afirmó.
En ese sentido, el decano recordó que el presupuesto actualmente vigente fue prorrogado del año anterior, sin contemplar los incrementos necesarios para cubrir gastos de funcionamiento, recomposición salarial ni actualizaciones en programas de becas y asistencia estudiantil. Aunque en 2023 hubo refuerzos puntuales tras las masivas movilizaciones universitarias, esos montos llegaron con restricciones que impidieron su aplicación en áreas críticas.
“Venimos de dos presupuestos reconducidos. Lo poco que se incorporó fue marginal, limitado y llegó tarde. No alcanza para sostener todo lo que hace una universidad:
formación, investigación, extensión, políticas estudiantiles, mantenimiento edilicio.

El sistema está en un estado de asfixia financiera”, remarcó Fernández. La Unidad Académica Caleta Olivia, como otras sedes de la UNPA, ha debido hacer un uso
extremo de la eficiencia administrativa. Las decisiones presupuestarias se toman en el Consejo de Unidad, reasignando partidas, postergando inversiones, reduciendo gastos no esenciales y priorizando servicios básicos. Aún así, el escenario se agrava.
“No hay partidas para equipamiento. No se pueden comprar bienes de capital. Los equipos se rompen o se vuelven obsoletos y no hay forma de reponerlos. Tampoco hay recursos para refacciones. Y sin mantenimiento los edificios se deterioran. Todo se hace con un enorme esfuerzo, pero cada vez el margen es más chico. Ya no sabemos de dónde sacar más fondos”, explicó el decano.
Frente a este contexto, desde la sede Caleta Olivia se han intensificado los vínculos con municipios, instituciones y empresas de la región. A través de acuerdos de cooperación, capacitaciones y proyectos conjuntos, se buscan alternativas de financiamiento que permitan sostener, al menos parcialmente, el funcionamiento operativo y el equipamiento de áreas claves.

Un ejemplo es el vínculo con la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la
labor en la Agencia de Desarrollo.
“Somos una universidad en territorio. Articulamos con cada municipio de la zona norte.

Firmamos convenios, generamos proyectos, buscamos fondos propios. Pero nada de eso reemplaza el rol del Estado nacional. La ley de educación superior es clara: las universidades deben ser sostenidas por el Estado”, expresó.
En paralelo, se sigue trabajando en proyectos estratégicos como la implementación de nuevas propuestas académicas y el fortalecimiento de los centros de investigación de Puerto Deseado y Cañadón Seco. También avanzamos, con financiamiento provincial, en la construcción de la Escuela Preuniversitaria de Las Heras, que promete convertirse en un polo de desarrollo educativo y científico para esa región de Santa Cruz.
“El contexto actual nos obliga a revisar el plan de gestión casi a diario. Lo que se pensó para cuatro años, ahora debe adaptarse mes a mes. Aún así, no perdemos de vista los objetivos a largo plazo. Seguimos soñando una universidad mejor para una comunidad mejor”, subrayó Fernández.
En el plano institucional, octubre es también un mes clave para la vida democrática universitaria. Están previstas elecciones de medio término para renovar representantes en los consejos de unidad e integrantes de los consejos y comités asesores de las Escuelas e Institutos, respectivamente. La fecha original, fijada para el 10 de octubre, deberá ser modificada por el Consejo Superior debido al reciente decreto presidencial que oficializó ese
día como feriado.
“Es parte del compromiso con el cogobierno y la pluralidad que caracteriza a nuestra universidad. Aquí conviven todas las ideas. Cada claustro elige a sus representantes.

Esoes la autonomía universitaria en acción”, expresó el decano, en relación al proceso electoral en curso.
Finalmente, Fernández se refirió a las elecciones legislativas nacionales del 27 de octubre.
Sin asumir una postura partidaria, remarcó la necesidad de contar con un Congreso que respalde a la universidad pública.
“La universidad no milita partidos. Pero sí tiene una mirada colectiva. Necesitamos
legisladores que entiendan que la educación superior es un derecho. Que financien con compromiso lo que establece la ley. Sin presupuesto, la autonomía universitaria se convierte en un ideal vacío. Y sin universidades fuertes, no hay país posible”, concluyó.