Allanamiento policial en Barrio Patagonia: Vecinos denunciaron secuestro injustificado de caños con factura en mano
Una familia del barrio Patagonia vive momentos de indignación y preocupación luego de que la policía de Santa Cruz allanara su propiedad y secuestrara una importante cantidad de caños, a pesar de que los propietarios presentaron facturas que acreditan su compra legal. Jonathan Laurencio, uno de los damnificados, relató la insólita situación.
Según Jonathan, los caños fueron adquiridos legalmente a la empresa Pan American Energy en marzo de 2020 a través de remates de la aplicación CESVI. Fueron trasladados a su predio familiar en junio de ese mismo año. Sin embargo, la semana pasada, recibieron una notificación de la División de Investigaciones (DDI) informando sobre un allanamiento en respuesta a una denuncia por robo de caños.
La familia, que opera de manera transparente y siempre compra materiales de forma legal, se encontró con una situación kafkiana. Si bien la policía les dio un tiempo para ubicar las facturas —que se encontraban en poder de su contador y datan de 2020—, al presentarlas, la situación se complicó.
Discrepancia en cantidades y uso posterior
El principal argumento de las autoridades para proceder al secuestro fue que la cantidad de caños en el predio no coincidía con la cantidad detallada en las facturas. Jonathan explicó que desde 2020 hasta la fecha, los caños han sido reutilizados para la construcción de estanterías, estructuras de galpones, cabreadas y columnas, lo que naturalmente reduce el stock original. Paradójicamente, la cantidad presente era menor a la facturada, no mayor, lo que refuerza la idea de su uso lícito.
A pesar de las explicaciones y la presentación de las facturas (dos a nombre de su padre y dos a nombre de un socio, producto de cuatro compras realizadas), los efectivos policiales argumentaron que estaban autorizados por un juez para proceder con el secuestro, indicando que la familia deberá presentar nuevamente la documentación para la liberación de los materiales.
Costos y trámites
La familia se siente «atada de manos» y denuncia lo que consideran un mal procedimiento. «Nosotros en modo familiar trabajamos siempre de la mejor manera, comprando todo legal», afirmó Jonathan. Lo que más les preocupa, además del secuestro injustificado, es la logística y el costo asociado a la recuperación de los caños.
«El problema nuestro es que nosotros tenemos que tratar de conseguir un transporte por nuestros propios medios para que los caños vuelvan acá, porque ellos no lo vuelven a traer», lamentó Jonathan. A esto se suma la incertidumbre sobre el tiempo que demorará el proceso judicial para la liberación, que, según su experiencia, rara vez es «un día o dos» como les indicaron.
Jonathan acompañó a la policía hasta el depósito en Cañadón Seco, donde quedarían los caños, y esperaría a este lunes, junto a su abogado, puedan agilizar la presentación de la documentación para resolver esta situación que, lejos de esclarecer un robo, les ha generado un considerable dolor de cabeza y gastos inesperados. La familia confía en que la justicia actuará con celeridad para que los caños, que fueron adquiridos de buena fe, les sean restituidos lo antes posible.
