En un fallo de 1541 páginas, los jueces de la Sala IV de Casación describieron cómo se desviaron fondos públicos a través de adjudicaciones irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia también incluye a Báez, condenado a la misma pena, y a otros ex funcionarios clave como José López, Nelson Periotti, y una serie de ex responsables de Vialidad en la provincia.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña firmaron la mayoría del fallo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia, sosteniendo que se debió incluir el delito de asociación ilícita, como lo había pedido el fiscal Diego Luciani durante el juicio oral. Según Hornos, existió una «organización criminal estable y duradera» liderada por Cristina Kirchner, con la intención de ejecutar múltiples delitos durante más de una década.
Santa Cruz, el corazón del fraude
De acuerdo al fallo, la maniobra comenzó con la irrupción de Lázaro Báez en el mundo de la construcción. Sin experiencia previa en el rubro, fundó Austral Construcciones y un grupo de empresas que rápidamente se transformaron en adjudicatarias casi exclusivas de la obra pública en Santa Cruz. Entre 2007 y 2008, solo en ese lapso, recibió 23 contratos por parte del Estado.
Los magistrados subrayaron que las licitaciones presentaban numerosas irregularidades: desde la simulación de competencia entre empresas del mismo grupo hasta la elección sistemática de modalidades de contratación que favorecían la cartelización. «Lo que fue una excepción en otras provincias, en Santa Cruz se convirtió en regla», señalaron. Las obras eran financiadas con fondos nacionales, gestionados a través de la Dirección Nacional de Vialidad, entonces a cargo de Nelson Periotti.
Además, el fallo menciona cómo las empresas de Báez no eran sancionadas a pesar de reiterados incumplimientos y mantenían un canal preferencial de pagos. Se estableció también que muchas de las obras ni siquiera fueron concluidas, y que durante el final del segundo mandato de Cristina Kirchner se implementó un plan para «limpiar todo» y desviar la atención pública. Este plan fue descubierto a partir de mensajes encontrados en el celular de José López, el ex secretario de Obras Públicas detenido en 2016 con bolsos llenos de dólares en un convento.
El decreto
Uno de los elementos más contundentes fue el decreto 54/2009, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se modificó el fideicomiso que financiaba las obras y se le otorgó mayor poder de ejecución a la Dirección Nacional de Vialidad. Esta modificación administrativa resultó determinante para facilitar la concentración de contratos en manos de Báez.
«Funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la entonces presidenta de la Nación, llevaron adelante una maniobra fraudulenta que perjudicó de forma trascendente a las cuentas del Estado nacional», afirmaron los jueces.
En ese marco, la Cámara de Casación también ordenó el decomiso de 84.835 millones de pesos, monto que deberá actualizarse al momento de la ejecución de la sentencia. La cifra representa una de las más grandes en la historia judicial argentina en materia de recuperación de activos de origen ilícito.
Consecuencias políticas y judiciales
La decisión de la Corte Suprema de dejar firme el fallo implica que Cristina Fernández de Kirchner no podrá presentarse a cargos públicos, incluyendo las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Además, deberá cumplir la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, dada su edad.
El fallo también tuvo derivaciones políticas en Santa Cruz. La provincia, históricamente asociada al kirchnerismo, quedó expuesta como epicentro de una estructura de corrupción que duró más de una década y dejó profundas secuelas. Muchas de las rutas y obras prometidas en aquel período quedaron inconclusas o deterioradas, con impacto directo en la conectividad, el transporte y la economía local.
Mientras tanto, el empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador de Néstor y Cristina Kirchner, enfrenta otras causas judiciales por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La justicia ya le decomisó propiedades, cuentas bancarias y empresas vinculadas a este entramado de corrupción.
FUENTE: EL DIARIO NUEVO DIA
