FOPEA rechaza los cambios que el Gobierno nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública
Tambien advierte que implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública.
El decreto limita los datos que pueden ser solicitados, oscureciendo la gestión pública y desalentando la participación. Excluye información privada de funcionarios y documentos preliminares del acceso público.
La información en poder del Estado es de los ciudadanos, no del gobierno. Limitar el acceso a la información ataca los principios de transparencia activa en democracia.
CIDH y organizaciones de Derechos Humanos señalan que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mayor debido al interés público de sus actos. La ONU advierte que no deben existir «secretos» en un Estado democrático.
La creación de un registro que identifique a los solicitantes y sus solicitudes, es confuso y puede ser peligroso.
FOPEA señala que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado.
El derecho a la información no puede ser restringido por decreto ni aplicado de manera discrecional; sólo puede ser regulado por una ley sancionada por el Congreso.
Mirá el comunicado completo: https://bit.ly/4cQ1ghq
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